Los funcionarios deben detallar los activos y pasivos del grupo familiar
EL UNIVERSAL
La Contraloría General de la República (CGR) fijó, hasta el próximo 31 de julio, el plazo para que todo funcionario público de alto nivel, tanto de la administración nacional, regional y municipal, presente ante esa instancia su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP).
El período para la DJP comenzó a correr el pasado miércoles 1 de julio informó la CGR, a través de un aviso flotante en su portal de interne, en el que alerta a los funcionarios cumplir con esos trámites, cada año.
La DJP es un deber de todo funcionario considerado de alto nivel jerárquico en atención a las disposiciones de la Ley contra la Corrupción, dictada por el presidente Nicolás Maduro, en noviembre pasado, a través de la Ley Habilitante.
La declaración debe contener una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar, indica el manual establecido por la Contraloría.
El Presidente y los miembros de su gabinete ejecutivo, diputados, representantes de los poderes públicos, alto mando militar, embajadores, cónsules, registradores, notarios, juntas directivas del Banco Central, de corporaciones, empresas, institutos autónomos, directores generales, rectores, figuran en la lista.
También los gobernadores, alcaldes, concejales, síndicos municipales, deben presentar la Declaración Jurada de Patrimonio.
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